Donostia,
17
de julio
de 2020
Elkarrekin
Donostia denuncia
que,
a
diferencia de otras localidades guipuzcoanas, el ayuntamiento de
Donostia no ha
llevado
a cabo la subrogación del
personal del servicio de salvamento
y socorrismo,
pese a tener incorporada esta
clausula de subrogación en
pliegos anteriores.
“No
se entiende cómo, siendo el ayuntamiento una institución pública,
se ha realizado una subcontratación que ha conllevado a la pérdida
de los derechos de antigüedad de los trabajadores de este servicio”
ha
señalado Haizea Garay, concejala de la coalición de izquierdas.
Haizea
Garay, concejala del
grupo municipal Elkarrekin Donostia (compuesto por Podemos, Ezker
Anitza-IU y Equo-Berdeak), señala
que “es incomprensible” la falta de actuación del gobierno
municipal de Donostia ante la
problemática laboral que
afecta a las
y los
trabajadores del
servicio de salvamento y socorrismo de Donostia, siendo
este servicio básico
para la ciudadanía.
“No
se trata de una falta de previsión que
pueda achacarse a las consecuencias derivadas de la pandemia del
COVID-19,
pues el servicio de salvamento ha estado en conflicto las tres
últimas temporadas. El año 2018 los y las trabajadoras del servicio
de salvamento reclamaron la mejora de sus condiciones laborales,
motivo que provocó una huelga en el territorio. Se acordaron una
serie de mejoras a incorporar en 2019, pero
en
Donostia, sin embargo, se pasó de garantizar la subrogación de los
y las trabajadoras del servicio a perder este derecho”, explica
la edil.
Garay
ha señalado que tanto en 2019 como en 2020 no se ha incorporado la
subrogación del personal, hecho que ha provocado
que
el personal que ha venido trabajando en este servicio haya
perdido el reconocimiento de su antigüedad.
Es
más, “tenemos constancia que
varios trabajadores con
una dilatada experiencia, alguno de ellos, incluso con 10 años ya en
el servicio,
no han
sido aún incorporados”, ha
denunciado la edil de la coalición.
Teniendo
en cuenta que “estamos ya a mitad de temporada, no hay previsión
de que vayan a incorporarse”, algo que, además de lamentar,
“rechazamos por las consecuencias que provoca en la calidad del
servicio y en la seguridad de las bañistas”.
Ante
las protestas que vienen realizando los trabajadores desde el pasado
15 de junio, Garay
ha
denunciado
la actitud del gobierno municipal que “no sólo no ha atendido las
demandas laborales de los y las trabajadoras, sino que ha procedido a
reprimir y sancionar las protestas”. En este sentido, ha denunciado
que el pasado día 14 de julio trabajadores de limpieza y guardia
municipal procedieron a retirar pancartas y a sancionar a quiénes
estaban llevando a cabo la protesta en la playa de la Zurriola.
Al
problema laboral se le añade el de la falta de medios.
En
palabras de Garay, “el
servicio de salvamento
lleva en marcha desde
el día 15 de junio
pero,
para estas fechas, aún no contaba con
el material necesario para desarrollar su labor en condiciones”.
La
edil ha recordado que “ya el pasado verano presentamos una
moción ante la falta de material en el servicio de salvamento y baño
asistido y este año, según
hemos sabido, al
comienzo de esta temporada, se ha vuelto a repetir
la falta de material, hecho que provoca una falta de calidad en el
servicio. Es
incomprensible que el servicio tenga los mismos problemas año tras
año”,
añade
la concejala.
La
concejala
manifiesta que para
garantizar un servicio de calidad, sobre
todo cuando es un servicio básico para la ciudadanía, es más que
necesario garantizar
que tengan todos los recursos necesarios antes
de que se pongan en marcha, y
por lo tanto, se
deben tomar medidas
al
respecto a
la mayor brevedad para
subsanar esa falta de recursos. Este
año, además, la
necesidad de establecer medidas sanitarias y de distanciamiento
físico para evitar su propagación, ha
hecho
necesarios
nuevos protocolos de actuación en el servicio. Sin
embargo, Garay ha denunciado que “los y las trabajadoras nos han
informado que esos protocolos se han repartido dos horas antes del
comienzo del servicio el primer día y no han realizado ninguna
formación específica, algo que consideramos absolutamente
insuficiente”.
En
este sentido, Garay también plantea que el gobierno municipal
debería plantearse la municipalización del servicio. “Nuestro
grupo considera urgente la subrogación de los
y las
trabajadoras,
pero, si lo que queremos
es garantizar unas
condiciones laborales y materiales dignas y de calidad, el servicio
de salvamento y socorrismo, así como otros existentes en la ciudad,
bien podría incluirse como servicio público. De esta forma los
y las trabajadoras podrían conseguir estabilidad en su situación
laboral, y se evitaría la prolongación del conflicto por más
años”, concluye la
edil.
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