miércoles, 20 de noviembre de 2019

Elkarrekin Donostia muestra su preocupación por la falta de participación ciudadana en las decisiones del ayuntamiento, así como por la situación del comercio local y de las obras de la Isla

Con motivo del Pleno a celebrar el jueves 21 de noviembre, el grupo municipal Elkarrekin Donostia (compuesto por Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo-Berdeak) avanza la batería de iniciativas que llevará para su debate.



Entre las iniciativas caben destacar las mociones relativas a la introducción del turno popular para que los colectivos sociales puedan participar de forma directa en el pleno municipal, la relativa a los presupuestos participativos, al vaciado del faro de la Isla Santa Clara y a la situación de comercio local.
Desde el grupo municipal se ve con preocupación la escasa participación directa de la ciudadanía en las decisiones que se toman en el consistorio. Por ejemplo, este año no se ha vuelto a repetir el proceso de participación para que las y los donostiarras pudiesen decidir en la cuestión de los presupuestos; “Parece que los presupuestos participativos, una de las pocas fórmulas donde la ciudadanía puede incidir directamente en el ayuntamiento, sólo han interesado al gobierno de la ciudad en periodo pre-electoral”, resalta la portavoz del grupo, Aitzole Araneta. Por ello, el grupo Elkarrekin Donostia instará al gobierno municipal a realizar las actuaciones necesarias para que los presupuestos participativos se lleven a cabo todos los años.
En este sentido, y teniendo en cuenta la demanda de la ciudadanía de una mayor participación, Elkarrekin Donostia quiere impulsar el procedimiento conocido como “turno popular”. Hasta el momento, asociaciones, agrupaciones vecinales y/o colectivos sociales de la ciudad no tienen la posibilidad de registrar mociones por ellas mismas y llevar sus inquietudes o quejas a pleno. Por ello, desde el grupo se instará al gobierno municipal al objeto de permitir la participación en los Plenos de las asociaciones y colectivos sociales con personalidad jurídica.
Por otra parte, las obras en la Isla de Santa Clara han comenzado con el vaciado del faro. El coste de la obra desde que se anunciara ha pasado de 1,5 millones de euros a los 3,7 millones de euros, sin tener constancia de que pueda ser incluso mayor a su término. Por ello, tanto en el sentido económico, ambiental e incluso patrimonial consideramos necesario paralizar la obra. Según las normas internacionales y, en concreto, Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco relativas a la protección del patrimonio industrial, la intervención en el Faro supone una grave agresión al patrimonio de la ciudad. La concejala de Elkarrekin Donostia Haizea Garay señala que se está “abiertamente destrozando el patrimonio, reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura estatal”. En la moción de control a tratar mañana instarán al gobierno municipal a la paralización de la obra, así como a la restauración y reconstrucción de sus elementos eliminados y afectados.
No menos importante es la situación económica de la ciudad y, en concreto, la situación del comercio local. El Barómetro de Economía Urbana de Donostia de 2018 ha constatado la pérdida de 132 establecimientos comerciales en el año 2017/2018, tendencia negativa que ya se constató durante el periodo anterior. Elkarrekin Donostia instará al gobierno municipal en pleno a que desarrolle campañas de promoción del comercio local en todos los barrios de la ciudad y a que incentive la apertura de locales vacíos reforzando el atractivo de las zonas con menos ocupación comercial.

Casas de apuestas, Protocolo preventivo de desahucios en VPO y otros temas para Pleno
Otras cuestiones que preocupan al grupo y que serán llevadas para tratar el día de mañana son: el estudio y la toma de medidas en relación al juego y a las casas de apuestas en la ciudad, el establecimiento de medidas de control y supervisión para garantizar unas condiciones laborales dignas en el sector de la hostelería, la puesta en marcha de un protocolo preventivo específico en vivienda protegida para que impida desahucios a las personas que viven por ejemplo en las viviendas de la UTE Benta Berri, la vigilancia y actuación sobre el daño causado en el arbolado protegido de Ulía, la puesta en marcha por parte del ayuntamiento de medidas efectivas de protección y acompañamiento a las mujeres víctimas de agresiones, así como desarrollar iniciativas y campañas de sensibilización en favor de las personas refugiadas.


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