La
concejala de Ezker Anitza-IU en el ayuntamiento de Donostia, Haizea Garay, y la coordinadora provincial de Ezker Anitza-IU, Arantza González, recuerdan que,
en el momento en el que se aprobó la ordenanza de pisos turísticos, el grupo Irabazi Donostia (compuesto por Ezker Anitza y Equo) ya denunció que no se podía
hacer a través de una ordenanza, y que ésta iba a empeorar la
situación de la vivienda en la ciudad, “algo que como toda la
ciudadanía constata se ha producido”.
Ezker Anitza Donostia ha manifestado que la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que anula
la ordenanza de pisos turísticos y el artículo del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), que justificó la misma, “coincide con
las alegaciones que presentamos (entonces como Irabazi Donostia), en
relación a la inseguridad jurídica que implicaba desarrollar una
ordenanza para regular el uso de las viviendas turísticas, y que esa
regulación debía hacerse a través de una ordenación estructural o
pormenorizada, y no a través de una ordenanza”.
Según Haizea Garay, “el gobierno
local no consideró ninguna de nuestras alegaciones”, de haberlo
hecho, Donostia podría tener una regulación específica de los
pisos turísticos que, además de cumplir con la legalidad, hubiera
protegido el fin social de la vivienda.
Asimismo la coordinadora provincial de Ezker Anitza-IU, Arantza González, ha recordado que “lo dijimos en 2018, y lo seguimos
manteniendo hoy: el gobierno municipal debe priorizar el uso de la
viviendas para vivir frente a la presión que supone el modelo
especulativo de pisos turísticos”. Existe un marco normativo que
reconoce la función social de la vivienda, “todas las personas
tenemos derecho a tener un techo, sin embargo, con la ordenanza ahora
anulada por el TSJPV, se ha fomentado el negocio y la especulación”
ha criticado González.
Desde
Ezker Anitza Donostia han denunciado que
“la
ordenanza sigue en vigor porque
la sentencia aún no es firme,
y con ello el negocio de unos pocos frente a los derechos básicos de
la mayoría social”. El alcalde Eneko Goia ha señalado que el
ayuntamiento va a recurrir el fallo judicial, uno de los muchos que
se le están acumulando estos últimos meses en relación a este
asunto de los pisos turísticos. Señalan que “el PNV y el PSE parecen muy ocupados en defender esta
actividad económica. Sin embargo, miran para otro lado cuando lo que
les toca es resolver uno de los mayores problemas de la ciudadanía
donostiarra, el del acceso a una vivienda”.
Igualmente recuerdan
que
la ordenanza ha flexibilizado lo que establecía el PGOU y con ello
se ha producido un incremento notable de pisos turísticos,
permitiendo
legalizar más de 900 pisos que eran ilegales según la norma del
Plan General. La
presión
que ejercen los más de 1.200 pisos turísticos, más aquellos que
fuera de la norma estén haciendo negocio, sobre el precio de la
vivienda en la ciudad está provocando que la ciudad siga
batiendo récords
en
los precios del
alquiler.
En este sentido, ha recordado
que un portal inmobiliario publicaba recientemente que Donostia
supera los 1.300 euros de alquiler medio.
El partido de izquierdas ha concluido reclamando al gobierno de PNV y
PSE un giro en las políticas de vivienda para poder garantizar que
la ciudadanía donostiarra pueda desarrollar un proyecto de vida
digno en la ciudad. En palabras de Garay, “Frente a la especulación y el negocio de unos
pocos, les reclamamos que pongan la vida de los y las donostiarras en
el centro”.
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