Donostia, a 4 de noviembre del 2022
La
asamblea de Ezker Anitza-IU Donostia denuncia que la situación de
inminente desahucio que están viviendo vecinos y vecinas del barrio
de Gros
es
fruto de una política del gobierno municipal PNV-PSE que ha
favorecido un mercado de especulación agresiva en torno la vivienda,
ya que, la
Ley Vasca de Vivienda, aprobada ya en el 2015, proporciona
herramientas más que suficientes para poder actuar frente al
problema de la carestía de la vivienda y el ejecutivo de Goia no ha
puesto interés en aplicar ninguna de ellas.
Ezker Anitza-IU Donostia sostiene que la situación en la que se encuentran varias inquilinas de las calles de Berminghan 1, Zabaleta 55 y Segundo Izpizua 2, en el barrio de Gros, situación que recientemente ha sido denunciada por las plataformas de Inquilinos Azora y Stop Desahucios, es consecuencia de la falta de actuación del gobierno de Donostia, que en su día no puso ningún tipo de imposición para evitar la entrada de los fondos buitre en la ciudad. “Ya lo advertimos cuando Azora compró las viviendas de Inmobiliaria Vascongada; Azora no iba a mantener por mucho tiempo a las inquilinas e inquilinos en sus casas, porque el objetivo de este tipo de empresas es especular con las viviendas y con los precios de la ésta. Su intención claramente era la de vaciar los pisos para sacar rendimiento económico con ellos y, ahora, vecinos y vecinas están recibiendo burofaxes comunicándoles la finalización de sus contratos de arrendamiento”, señalan desde la organización de izquierdas.
La imparable subida de los precios de la vivienda en Donostia, tanto en compra como en alquiler, “hacen que nuestra ciudad sea un paraiso para empresas que buscan obtener el máximo rendimiento económico, y esta especulación atroz que venimos viviendo desde hace años está repercutiendo a que los precios continúen al alza y la vivienda se convierta en un lujo para los y las donostiarras y, como vemos en este caso de Gros, en el que el fondo buitre está actuando sobre familias no vulnerables, nadie se libra de verse en la misma situación”, explican desde Ezker Anitza-IU.
Hasta el momento las personas afectadas y que Azora pretende desalojar entre los próximos 30 de noviembre y 31 de diciembre son 8, y alrededor de otras 20 familias se encuentran en situación de amenaza, pero el fondo buitre ya ha vaciado unas 20 casas de unas 75 que tiene en Donostia. Las personas afectadas llevan más de 20 años viviendo en sus casas, pagando las mejoras de sus bolsillos, y pagando alquileres muy por encima de la media de Gros, “pero está visto que el fondo espera obtener beneficios mayores, si no, no les expulsaría de sus casas.”
Según la organización de izquierdas, la problemática de emergencia habitacional existente la ciudad desde hace años y que está siendo agravada por la proliferación de pisos turísticos y de hoteles y con la acaparación de viviendas por parte de fondos buitre, requiere una actuación inmediata y contundente. “En este contexto de emergencia climática y de crisis energética, Donostia está “de rebajas" para que ricos de otras latitudes puedan adquirir pisos de lujo en la ciudad y que pasen aquí inviernos más cálidos, pues está visto que los precios a los que van a salir estas viviendas no están al alcance de los y las donostiarras. En este sistema, siempre hay alguien que da más, y ahora personas de clase media-alta empiezan también a sufrir la especulación en torno a la vivienda. Todo este lujo y elitización tiene en la otra cara de la moneda la expulsión de los vecinos y vecinas”, afirman desde Ezker Anitza-IU Donostia.
Desde la asamblea de Donostia exigen al gobierno municipal que tome cartas ya en el asunto para atajar el problema de la vivienda y frenar la especulación que se ha desarrollado en torno a ella, pues tiene herramientas para ello desde el año 2015, año en el que se aprobó la Ley vasca de Vivienda, tales como el registro de viviendas vacías, el cánon a la vivienda vacía, la publicación de precios índice de referencia, e incluso la expropiación de viviendas vacías a partir de dos años. Y sobre todo, el gobierno de Goia tiene que actuar ya porque “es inaceptable este tipo de desahucios silenciosos, es inaceptable la indefensión que sufre el ciudadano o ciudadana ante presiones de fondos y/o empresas para que abandonen voluntariamente sus viviendas, pero también es inaceptable la indefensión total que viven los y las donostiarras ante un mercado de especulación salvaje sobre la vivienda cuando la ley vasca determina que la vivienda es un derecho”.
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