Donostia, a 25 de noviembre del 2022
La asamblea de Ezker Anitza-IU Donostia se suma a las críticas realizadas por los colectivos ecologistas y vecinales en relación a la construcción de la villa en Txalin, en el barrio de Igeldo, ya que la operación no tiene nada que ver con el traslado y reconstrucción de un caserío expropiado en Martutene para ubicarlo en otro lugar de la ciudad.
La formación de izquierdas coincide con los argumentos que Haritzalde Naturzaleen Elkartea, Igeldoko Herri Kontseilua, Ieltxo Kultur Elkartea e Igeldoko Bizilagunak han expuesto ayer en rueda de prensa, en la cual anunciaron la demanda interpuesta contra el ayuntamiento de Donostia por las licencias emitidas que han permitido la construcción de una villa de lujo en el monte Txalin utilizando una licencia para la reconstrucción de un caserío expropiado en Martutene por las obras del TAV.
En este sentido, en diciembre del pasado año 2021, la representante de Ezker Anitza-IU en el ayuntamiento solicitó comparecencia a la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, para que explicase los pormenores de esta construcción en terreno rural no urbanizable, pues existían varios partes de la unidad de la guardia municipal de la UCOM (Unidad de Control de las Ordenanzas Municipales) sobre la obra.
La operación ya es cuestionable desde su mismo origen, pues se da una primera compra-venta de la licencia y el terreno a una sociedad por parte del promotor original, y posteriormente esta sociedad revende la licencia a la actual promotora que construye la actual villa. “Además, esta construcción levantada en Igeldo, no respeta ni morfología, ni dimensiones ni volúmenes, ya que el caserío de Martutene tenía una superficie residencial de unos 400 m2, y la construcción de Igeldo supera los 1.100 m2. Además, cuenta con un sótano del 100% de la edificabilidad autorizada. El caserío de Martutene no contaba con ninguna piscina de ningún tipo, pero la nueva villa sí”, señalan desde la asamblea.
Desde el punto de vista estético y patrimonial, desde Ezker Anitza-IU manifiestan que este chalet no tiene nada que ver con un caserío; no se trata de ninguna construcción de tipología rural y no se integra con el paisaje. La promotora ha señalado que la construcción se ha realizado «con el espíritu de protección de un área de alto valor estratégico y de interés geológico planteando una construcción con un sentido paisajístico que trata de adaptarse a la condición de ladera de la parcela». Sin embargo, “la Ley del Suelo, el Plan General de Ordenación Urbana de Donostia y las ordenanzas complementarias de edificación exigen que las viviendas construidas en suelo rural mantengan la tipología rural tradicional”, critican desde la formación de izquierdas.
En cuanto a la localización, las normas urbanísticas permiten reconstruir el caserío, pero se da la casualidad de que el enclave escogido para la ubicación, a 8 km de distancia, es un punto privilegiado de la ciudad, por las vistas excepcionales que tiene; vistas al mar que difícilmente podía tener el caserío de Martutene. En este caso, se está utilizando una vía para aplicar la excepcionalidad como norma, obviando por otro lado, que este enclave, al ser zona costera y de litoral, se encuentra protegida dentro de la Red Natura 2000 europea, como Zona Especial de Conservación, y que es una zona arqueológica de interés, ya que se encuentra un cresterío lleno de megalitos.
Otro elemento que hace inconcebible las licencias que se han otorgado desde el Departamento de Urbanismo del ayuntamiento es el obstáculo que supone la edificación justo en ese enclave para el acceso a la estación de aguas, pues la construcción está ocupando una vía municipal de paso al depósito municipal de aguas, sin autorización o concesión oficial alguna, existiendo un informe municipal indicando que no es adecuado construir tan cerca del depósito, porque impide la ampliación de éste en caso de que en un futuro haya necesidad.
Frente a todo ello, el alcalde, al objeto de justificar esta construcción, explicó que el artículo 30.2 de la Ley 2/2006 solamente exige en estos supuestos que la reconstrucción se realice en suelo no urbanizable que no sea de especial protección. “Lo que es evidente es que la edificación de esta villa o chalet no es una reconstrucción”, critican desde la organización de izquierdas. Goia ha afirmado igualmente que que las licencias que se han dado desde el ayuntamiento se han otorgado conforme a la legislación y a la normativa municipal. Sin embargo, todo parece indicar que para permitir la edificación de esta villa, se ha dado la conjunción de la falta de informes preceptivos con situaciones de excepcionalidad difícilmente justificables.
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